El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Financial Crimes Enforcement Network, publicó un informe en el que asegura que organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa presuntamente utilizan las ganancias obtenidas del huachicol fiscal para financiar campañas políticas y ampliar redes de corrupción en México.
El documento sostiene que el tráfico ilícito de combustibles se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para estos grupos delictivos y que parte de esos recursos sería destinada al pago en efectivo de campañas electorales y, presuntamente, a medios de comunicación, con el objetivo de favorecer a candidatos que posteriormente brinden protección a sus operaciones.
Así describe FinCEN la presunta ruta del huachicol fiscal
De acuerdo con el informe, el esquema comienza con la compra de gasolina, diésel o nafta en Estados Unidos mediante empresas intermediarias que cuentan con permisos de comercialización, pero carecen de las autorizaciones necesarias para importar combustibles legalmente a México.
Posteriormente, el combustible ingresaría al país mediante documentación aduanera alterada o declaraciones falsas, haciéndolo pasar por productos exentos del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros gravámenes.
Una vez en territorio mexicano, el hidrocarburo sería distribuido a través de establecimientos controlados o vinculados con organizaciones criminales, donde las ventas se realizan principalmente en efectivo, lo que dificulta el rastreo del origen de los recursos.
Según FinCEN, parte de ese dinero sería utilizado para financiar campañas políticas y realizar pagos a medios de comunicación, con el propósito de fortalecer redes de protección política y reducir el riesgo de investigaciones o acciones judiciales contra las organizaciones criminales.
Finalmente, el reporte sostiene que, una vez que los candidatos respaldados llegan al poder, los grupos delictivos buscarían recuperar su inversión mediante el control de posiciones estratégicas en gobiernos, aduanas y contratos públicos relacionados con empresas vinculadas a sus redes.
El informe señala un esquema de lavado de dinero
La autoridad financiera estadounidense indica que las ganancias obtenidas del tráfico ilegal de combustibles no solo se emplean para adquirir armamento o financiar actividades delictivas, sino también para construir mecanismos de influencia política.
Para ello, explica, las organizaciones recurrirían a empresas fachada, operaciones de lavado de dinero y redes financieras complejas que dificultan identificar el origen de los recursos antes de que lleguen a actores políticos o económicos.
El informe forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense para combatir el lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de hidrocarburos entre México y Estados Unidos, actividad que identifica como una prioridad en materia de seguridad financiera.
Sheinbaum pide pruebas al gobierno de Estados Unidos
Tras la difusión del informe, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar las pruebas que respalden las acusaciones sobre un presunto financiamiento de campañas políticas con recursos provenientes del huachicol fiscal.
La mandataria afirmó que el Gobierno de México no fue informado previamente sobre esos señalamientos y cuestionó que las autoridades estadounidenses hicieran públicas las acusaciones sin compartir antes la evidencia con las instituciones mexicanas competentes.
«De las campañas nunca fuimos informados. ¿Qué pruebas tienen también? Es lo mismo: decir que ocurre algo sin ninguna prueba», declaró.
Sheinbaum explicó que algunas de las personas sancionadas por Estados Unidos ya eran investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que existía colaboración bilateral en diversos expedientes.
Asimismo, señaló que su administración mantiene abiertas investigaciones coordinadas entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y autoridades aduaneras para integrar nuevas carpetas de investigación y, en su caso, solicitar órdenes de aprehensión contra los responsables.
Hasta el momento, el informe de FinCEN expone las acusaciones y el esquema identificado por las autoridades estadounidenses; sin embargo, no hace públicas pruebas específicas que vinculen de manera individual a campañas o candidatos, mientras que el Gobierno de México ha solicitado acceso a la evidencia para sustentar dichas afirmaciones.