Raúl Bolaños-Cacho Cué pidió que la discusión sobre nacionalidad única en la Cámara de Diputados se conduzca con argumentos y respeto, justo cuando San Lázaro colocó la propuesta constitucional entre los asuntos centrales de sus sesiones del 22 y 23 de septiembre.
El proyecto fue enviado por el Ejecutivo federal y busca modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Sus efectos se relacionan con los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La regla propuesta parte de una condición: quienes aspiren a esos cargos tendrían que ser mexicanos por nacimiento y no conservar otra nacionalidad en el momento previsto por la reforma. Si ya cuentan con una ciudadanía adicional, tendrían que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
El texto también contempla el periodo posterior a la elección. Durante el ejercicio del cargo, la persona no podría adquirir una nacionalidad distinta, solicitarla o invocarla ante autoridades extranjeras. Esa previsión es uno de los puntos que explican la intensidad del debate político y jurídico.
La iniciativa no propone retirar de manera general la doble nacionalidad a los mexicanos. Una persona con nacionalidad mexicana y estadounidense, por ejemplo, no quedaría dirigida por esta reforma si no pretende competir por alguno de los cargos ejecutivos señalados. El alcance se concentra en quienes busquen gobernar.
El dictamen ya tuvo una primera votación en la Comisión de Puntos Constitucionales. El 8 de septiembre recibió 26 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención. El resultado ofrece un punto de partida, aunque la decisión de la comisión no equivale todavía a la resolución del Pleno.
En el intercambio de argumentos, los legisladores favorables sostienen que quien conduce un Poder Ejecutivo debe conservar un vínculo jurídico exclusivamente mexicano mientras ejerce la responsabilidad. Los críticos consideran que la doble nacionalidad no demuestra por sí sola una falta de lealtad y piden revisar sus posibles consecuencias.
La Mesa Directiva enfrenta este debate dentro de una agenda amplia. Además de la reforma de nacionalidad, la Cámara analiza el Paquete Económico 2027, prepara comparecencias de integrantes del gabinete por el Segundo Informe de Gobierno y recibe otras iniciativas del Ejecutivo.
La eventual aprobación tendría una ruta constitucional exigente. El artículo 135 requiere dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras y después la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El primer voto sería solo una etapa.
Con Bolaños-Cacho Cué al frente de la Mesa Directiva, el debate llega a San Lázaro con posiciones encontradas y un texto todavía sujeto al proceso legislativo. La pregunta inmediata no es cuántas nacionalidades puede tener un mexicano, sino qué requisitos debe cumplir quien aspire a representar al país o a una entidad desde el Poder Ejecutivo.