- El gobierno federal tiene ante sí uno de los mayores desafíos institucionales de la década: desmantelar y procesar a los responsables de una red de «huachicol fiscal» que operó al amparo de altas esferas políticas y aduanales, y cuyo tamaño financiero supera escándalos como Odebrecht o la Estafa Maestra.
La reactivación de estas investigaciones ocurre en un contexto de alta presión internacional. El verdadero motor detrás del llamado «golpe de timón» anunciado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, apunta a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, las cuales documentaron que el mercado de combustibles se convirtió en una caja de financiamiento político.
Bajo este escenario, el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tiene la encomienda de entregar resultados tangibles a Washington. El reto es mayúsculo, pues las pistas del financiamiento ilícito tocan directamente a operadores que estuvieron incrustados en la administración federal pasada.
La inacción de los últimos años quedó documentada en julio de 2020. En aquel momento, el gobernador de Tamaulipas entregó directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador el oficio 040/2020. El documento contenía una lista con 14 líderes criminales, órdenes de aprehensión vigentes y una radiografía de cómo estas redes habían capturado instituciones gubernamentales.
A pesar de que el oficio fue recibido formalmente por la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la respuesta federal fue el silencio. Más aún, reportes de la época acusan que delincuentes capturados por autoridades locales eran liberados sistemáticamente por instancias federales, perpetuando el ciclo de impunidad y fortaleciendo a grupos como «La Barredora» en Tabasco.
La tesis de una «empresa criminal continuada» se fortalece con los nombres involucrados. Figuras como Ricardo Peralta, exdirector de Aduanas, y los hermanos Sergio y Julio Carmona, han sido señalados recurrentemente. Según políticos de oposición como Guadalupe Acosta Naranjo, el huachicol no se combatió, sino que fue «expropiado» para operar estructuras políticas y campañas electorales.
Tras el asesinato de Sergio Carmona en 2021 y la huida de su hermano Julio hacia Estados Unidos como testigo protegido, el esquema financiero quedó al descubierto. Peralta, incluso, fue acogido posteriormente en la oficina de Mario Delgado, líder del partido oficial, lo que profundiza las sospechas de un pacto político de alto nivel.
La prueba de fuego para la presidenta Claudia Sheinbaum no será únicamente detener a los operadores logísticos del contrabando, sino demostrar si su administración está dispuesta a tocar el círculo político íntimo que permitió el ascenso y consolidación de esta maquinaria financiera.